Decreto vetusto para la nueva economía

Por Elena Grauert

El mercado de las telecomunicaciones, desde hace ya varios años, ha dado muestras sobradas de fortaleza y cómo la inversión en tecnología e innovación constituye un verdadero motor, no solo de la economía —lo cual claramente se refleja en el mercado de valores— sino por su aporte a la educación y su impacto en la generación de valor agregado.

Hace menos de un mes se dictó el decreto reglamentario de la ley de medios audiovisuales, una pesada ancla al desarrollo de la innovación. El decreto de referencia, además de tener severas ilegalidades, contiene —al igual que la ley— disposiciones que son absolutamente vetustas e inaplicables al mercado de medios audiovisuales.

La prensa escrita debió aggiornarse y agregar al formato papel el digital, así como la forma de venta. Del mismo modo, si bien mantiene un mercado, el streaming (trasmisión de video por internet) o el VOD (video on demand, video a demanda) han provocado una caída en la demanda de la televisión tradicional. Y ni que hablar de las radios.

Antes tener una estación de radio o televisión, con su correspondiente asignación de frecuencia, era un privilegio de exclusividad para dar y recibir información. Los medios eran el cuarto poder. La exclusividad de poder contar con un medio de comunicación, podía hacer la diferencia.

Todos los partidos políticos trataban de tener un diario y así se comunicaba  información, debates, ideas. Obviamente la radio y la televisión, eran medios por excelencia y  evidentemente las personas se informaban preferentemente a través de ellos.

Hoy internet y las redes sociales rompieron el vínculo entre poder y medios. Cambió la forma en que se informa la gente, pero además cambió —y mucho— el negocio dado que las redes sociales son la nueva plataforma de publicidad y compiten con los medios tradicionales directamente. Por tanto limitar la publicidad, hablar de los derechos de los menores, cuando éstos son los que menos ven televisión, o poner límites de todo tipo, hace que los pocos medios que hay, sobre todo en el interior, tiendan a desaparecer o bajen la calidad del producto por temas económicos.

Las cadenas de televisión mundial en su mayoría enfrentan graves problemas de subsistencia, echando personal y bajando presupuestos. Se trata de defender el mercado y la excelencia de los medios periodísticos y, en definitiva, la libertad de información. Estas empresas hoy no compiten con CNN, ni la BBC, sino con Faceboock, Instagram,  YouTube, Google, etc.

Mucho más en peligro está el mercado de televisión por cable en Uruguay. Así como las arrendadoras de videos desaparecieron, las redes de cable se han ido digitalizando para también poder dar servicios de VOD o streaming, en Uruguay esto es imposible. La ley lo prohíbe, olvidando que el cable universalizó la información en Uruguay, ya que antes en la frontera se sabía más de los países vecinos que del Uruguay  mismo.

La ley —empeorada por el decreto— no solo desconoce esta realidad, sino que impone severos tributos, sanciones descabelladas (que son hasta confiscatorias), además de otorgar al poder de turno la posibilidad de realizar campañas de bien público en forma gratuita que, como ya se vio, son utilizadas no para informar sino para realizar propaganda a favor del gobierno. Ello, además de ser ilegal, porque la ley lo prohíbe a texto expreso, es autoritario porque los medios no pueden negarse.

Las sanciones administrativas que estipula (sin demasiadas garantías) constituyen una inmensa amenaza a la libertad de expresión. El Poder Ejecutivo es quien da las autorizaciones, controla y sanciona, no existiendo un órgano independiente que en forma imparcial juzgue. Está claro que el Poder Judicial puede llegar a intervenir, pero es evidente que no siempre actúa con la velocidad que se requiere en estos casos. Además, dado el grado de intervencionismo y exceso de regulación, estimula a que quienes administran los medios intenten tener una relación “de cordialidad” con el poder de turno, afectando su independencia y, en definitiva, a la libertad.

Una de las preocupaciones de la norma es la concentración de medios audiovisuales, poniendo límites a las licencias, y a las transferencias, cuando la realidad del mercado hace que en muchos lugares con escasa población, un medio cubra varias localidades  como forma de que, en la sumatoria, se genere una demanda que viabilice el negocio. Por tanto, en vez de limitar se debería promover  que todos aquellos que quieran dar servicio lo hagan. En la actualidad, muchos proveedores de tv por cable, dado el límite absurdo que se estableció, renuncian a dar servicio justamente en las poblaciones más pequeñas, donde económicamente es ineficiente brindarlo, dado que las norma les impone limite a cantidad de licencias y el decreto no lo arregla. Además de no poder dar  servicio de Internet, mientras Antel da servicio de Video, incluso contenidos como el futbol, sin padecer los problemas  de competencia que esto les ha acarreado.

El Decreto ha sido recurrido dado que insiste en una marcada desigualdad, fomenta un abuso de poder a favor de la administración, desconoce la existencia de internet y la competencia que ello genera en el mercado audiovisual, además del cambio de la forma de consumo. Lo único que incentiva es al cierre de empresas y a la pérdida de fuentes laborales.

En un momento de transformación hay que dejar libre a los operadores del mercado para que puedan reacomodarse a la nueva realidad.



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