De doctorados, licenciaturas y otros

Por Jorge Ciasullo

La reiterada situación de funcionarios, que han declarado estudios terciarios o conocimientos especiales inexistentes, que, en ciertos casos, los coloca en ventaja, sobre otros, como puede ser en concursos internos o abiertos, o para realizar tareas que, por su naturaleza o especialidad exigen conocimientos específicos, lleva a la necesidad de revisar en todos los organismos del Estado, la acreditación de esos estudios con documentación valedera.

El pasado viernes 28 de setiembre el diario El País, bajo el título: “Asesora del MSP figura con título que no tiene”, informa sobre la irregular situación de una funcionaria administrativa del Hospital de Clínicas, que se encuentra en pase en comisión desde el año 2006 en el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En las resoluciones correspondientes a los renovados pases en Comisión, la funcionaria figura como licenciada, así como en aquéllas que la designan para cumplir misiones en el exterior, en su calidad de Directora del Departamento de Medicamentos del MSP.

El Poder Ejecutivo, goza de discrecionalidad, para determinadas resoluciones, como los pases en comisión, los cargos de particular confianza y ciertas contrataciones. Pero hay varios aspectos, que deberían ser tenidos en cuenta, cuando se elevan resoluciones a la firma del Presidente de la República, el que, por supuesto, no es el responsable cuando, como en este caso, se incluyen datos falsos sobre el beneficiario. Pero sí son responsables del primero al último”, desde quienes elaboran la documentación, hasta quien la presenta para la firma del Presidente.

No es admisible la justificación del Subsecretario del MSP Dr. Jorge Quian, sobre esta situación sostuvo que “Lourdes Galván sabe mucho sobre medicamentos”, y menos admisible si viene de un profesional, sobre una persona que está a cargo nada menos del Departamento de Compras de Medicamentos de esa Secretaria de Estado. No conocemos en detalle cual es la responsabilidad específica en esa función, pero el mismo medio de prensa informa que envió con su firma antecedida del “título” de licenciada, diversas disposiciones a los laboratorios, relacionadas con el control de producción, contenido existencia y destrucción de medicamentos controlados. Estamos seguros, que estas decisiones estarían basadas en estudios de especialistas en la materia, que sí los hay en el MSP, pero es grave, toda vez que el firmante es el primer y último responsable.

Y es grave por su reiteración-las que han trascendido- en organismos del Estado. Así ocurrió con el ex vicepresidente; con una sociólogo que no era tal, que se desempeñaba como subdirector Técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación; o quien fue contratada como psicóloga, con un título obtenido en el exterior, pero no revalidado, que fue contratada por el Ministerio del Interior. Es decir -salvo el ex vicepresidente- para funciones específicas de sus declarados conocimientos.

Todas estas situaciones, que fueron denunciadas por carriles no oficiales, permiten suponer que debe haber en el Estado reiteradas e irregulares situaciones similares, en algunos casos, seguramente, con alta responsabilidad.

La situación, repetida, nos permite suponer que si en el Estado se llama a concurso de oposición y méritos- interno o abierto- para determinada función, nadie exige la presentación de documentación probatoria, de antecedentes, estudios o especialidades, lo que en algunos casos, resulta en el delito de usurpación por uso indebido de título universitario, particularmente si bajo esa falsedad, tuvo un desempeño relacionado con sus presuntos conocimientos universitarios y no con sus “saberes”.

Desde el ridículo: cualquier persona puede “saber mucho de motores” pero eso no lo habilita a conducir un automóvil, un camión o un avión.

Finalmente, parecería llegada la hora de que todo funcionario que haya registrado estudios terciarios o no, o conocimientos especiales, experiencia en determinado tema etc. presente documentación probatoria de ello, sobre todo si en base a sus declarados conocimientos, cumple funciones específicas relacionados con esos conocimientos y experiencia.

Continuar en esta situación, no sólo es injusto sino hasta irresponsable por las consecuencias que la falta de idoneidad para ciertas funciones puede acarrear.



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