Corral virtual

Por Consuelo Pérez

La Ley Nº 19.210 de 29.04.014, conocida como ley de Inclusión Financiera, es motivo de controversias y reclamos, pues se entiende que mutila el derecho a la libertad, expresamente consagrado en el Artículo 7 de la Constitución.

El mencionado artículo reza “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”.

La casi desaparición del dinero en efectivo, que se sustituye por el “dinero electrónico” como las tarjetas prepagas, billeteras electrónicas y otros, que es almacenado en medios electrónicos tales como un chip en una tarjeta, un teléfono móvil, un disco duro de una computadora o un servidor, no sólo crea grandes incertidumbres en un  espectro muy amplio de usuarios, además de dudas y complejidades operativas –adultos mayores por ejemplo– sino que supone una necesario bancarización del sistema.

Dicho de otra manera, la obligatoriedad de esta modalidad impuesta en la Ley, deja al usuario una sola libertad: la de elegir el banco que dispondrá de sus dineros, por los que la entidad bancaria no pagará además ningún tipo de interés, pues así lo define la ley en el punto E) del artículo 2º.
 
En consecuencia, la ciudadanía en su totalidad queda sometida a los bancos, además de generarse por parte del gobierno un exhaustivo y absoluto control sobre las personas físicas y jurídicas, vulnerando claramente la posibilidad de elegir libremente en el uso de sus derechos.

Por supuesto que lo primero que nos podemos preguntar es cómo la “fuerza política”, que nos gobierna, que siempre fue contraria a las multinacionales, a los bancos y a toda la estructura que suponga prevalencia del poder extranjero, no solo genere una ley de “bancarización”, sino que además la imponga como obligatoria.

Hay quienes, como los integrantes del Pit- Cnt, que no sólo olvidan su legendario pregonar contra todos los males ya detallados por ellos mismos, sino que, fieles a su actitud sometida y de apoyo al gobierno, se suman al apoyo del engendro, y quieren convencer a sus súbditos diciéndoles que podrán elegir con libertad (sic) el banco que manejará sus magros ingresos.

Se olvida también a los sectores más vulnerables, que seguramente verán cómo la brecha social se agranda, al estar sometidos a una ley que no les permite decidir en muchas ocasiones con relación a sus propios destinos.

También a gran parte del interior del País, donde además de perderse la libertad, se obliga al ciudadano a transitar por complejidades derivadas de lo geográfico, a veces inauditas.

Es claro que el asunto no es entre “derecha” e “izquierda”, sino entre autoritarismo y libre elección, y por eso es que  se han generado movimientos que plantean la iniciativa de lograr la modificación de esta realidad mediante una reforma constitucional, y a tales efectos circula por ejemplo un formulario de adhesión para conseguir lo expuesto.

El concepto central es que la bancarización obligatoria debe ser prohibida, y que toda persona física o jurídica tiene derecho a operar con dinero en efectivo en todo tipo de transacción financiera.

Parece obvio, pero no lo fue así para quienes decidieron transitar por el camino que siempre denostaron, y someterse a requerimientos que pisotean las libertades y soberanía de todos, pero principalmente de los más desprotegidos socialmente, económicamente y también a los que por su edad, la mecánica les es inmanejable.



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