Con los pies de barro, no de cemento

Por Elena Grauert

Nuevamente se pone de manifiesto la hemiplejia sindical, donde se defienden de ineficiencias propias con medidas regulatorias que proclaman defender la industria nacional y, por otro lado, defendiendo mega inversiones, donde no es claro cuál es la ganancia real para el país.

Se está discutiendo en la Comisión de Industria del parlamento un proyecto de ley que pretende que las compras estatales de cemento deben ser de producción nacional y al menos el 50% de esas compras deban comprarse a ANCAP.

Es importante recordar que hace más de siete años se compró el horno en Paysandú por U$S 80.000.000, que jamás se uso y cuya instalación sale más de U$S 130.000.000, lo que fue de los más graves cuestionamientos a la gestión de Sendic. Además el sector portland de ANCAP al 2017 perdía más de U$S 15.000.000.

La competidora directa de ANCAP, Cementos Artigas, es una empresa que ha demostrado ser viable, sin las pérdidas cuantiosas del ente público. Si bien la actual administración ha ido atemperando las pérdidas, éstas persisten, por lo cual la presión sindical solicitando más protección y más gasto no tiene el menor sentido, ni económico, ni jurídico.

Se ha acusado a una nueva cementera nacional, CIMSA, de los futbolistas Lugano y Godin, de importar cemento, pero lo cierto es que el peso global en este mercado es ínfimo y este año prácticamente no se registró importación, por lo que poner trabas al mismo no tiene el menor sentido. La empresa ha declarado que está desarrollando una calera en Treinta y Tres, haciendo una inversión de U$S 50.000.000 y generando empleo a su propio riesgo. Gravar la importación, cuando dicha industria está invirtiendo en la producción de la materia prima, sin tener ningún otro beneficio que cualquier industria nacional, no tiene justificación, teniendo además presente que es un emprendimiento nacional sin ningún beneficio fiscal, como sí lo tiene UPM. Estas medidas que se reclaman, por tanto, incrementa las desigualdades y desestimula a la inversión genuina.

El negocio del ente estatal ANCAP es la refinación de combustibles. La producción de cemento es de las áreas en régimen de competencia y si no es eficiente debería estudiarse su cierre. Es inaceptable ocultar esa ineficiencia mediante una norma que encarecería la obra pública nacional, por la arbitraria exigencia de obligar a las empresas que trabajan para el Estado a comprar cemento más caro, que la sociedad ya lo ha pagado con creces, tratando en forma compulsiva desequilibrar el mercado de oferta y demanda, en un juego donde pesa más el poder que la verdadera economía e interés de todos los ciudadanos.

Las actividades que desarrolla el Estado que por su naturaleza son competitivas, deben desarrollarse respetando las reglas de juego de la competencia. De lo contrario se estarían violando los principios de igualdad, imparcialidad y deber de servicio que debe cumplir la administración por mandato constitucional. No puede quedar la sociedad a la merced del “monstruo de pies de barro”, ya que a la larga se derrumba, como se vio en todas las economías de los países comunistas, que no se cayeron por las guerra sino por la economía. Y ahí vemos a la pobre Venezuela, desangrándose de una forma horrorosa, muriendo su gente, por la falta de bienes, mientras cínicos dan vuelta la cara como si ellos no tuvieran nada que ver, abusando de las prebendas de su poder.



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