La reformulación de los artículos de la LUC referidos a los combustibles ha decepcionado a ciertos sectores que la interpretan como una claudicación. No es así y, como señaló el Director de OPP, Isaac Alfie, lo que el nuevo articulado dispone había que hacerlo de todos modos para consolidar una competencia real en el mercado de los combustibles. Así, el tiempo dirá que el camino finalmente emprendido redundará en un marco mucho más sólido para el abaratamiento de un insumo básico para la producción.

El tema "ANCAP" levantó cierta polvareda desde el inicio al ser incluida la desmonopolización lisa y llana de los combustibles en el borrador de LUC.

Desde ese arranque, tres de los cinco socios de la coalición de gobierno (Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente) señalaron básicamente lo siguiente: 1) que el tema no estaba incluido en "Compromiso por el país", el programa de la coalición "multicolor", 2) que no se oponían a la desmonopolización pero que ésta requería un estudio más detenido y un debate específico y 3) que, en consecuencia, entendían que esa propuesta debía excluirse del proyecto de LUC y ser objeto de un proyecto de ley independiente.

El proceso concluyó con un nuevo articulado en la materia que -lejos de constituir una claudicación ante dogmatismos o corporativismos- permitirá construir una base sólida para aquello que en definitiva importa: la imprescindible reducción del precio de los combustibles (que -ese sí- fue el compromiso electoral).

En primer lugar, se dispone que, antes de proceder a una fijación de tarifas, se transparente para cada uno de los productos el precio de paridad con la importación, así como las correspondientes tasas e impuestos que se les aplica. Y esos precios deberán ajustarse cada 60 días, obligando a un ejercicio rutinario de transparencia.

En segundo lugar, se obliga al Poder Ejecutivo a que en un plazo no mayor a seis meses establezca un cronograma de aplicación de esas disposiciones.

En tercer lugar, y simultáneamente, se encomienda a la Unidad Reguladora de los Servicio de Energía y Agua (URSEA) a que en un plazo de 60 días formule una revisión técnica de su metodología de cálculo de precios de paridad de importación, incluyendo en ello a los agro-combustibles que hoy produce ALUR.

Y en cuarto lugar, se obliga al Poder Ejecutivo a llevar a cabo, en apenas seis meses como máximo, una revisión integral del mercado de combustibles, incluyendo cada uno de los productos que forma parte de ese mercado, sus regulaciones, los costos de la cadena de comercialización, tributos y subsidios (incluyendo su incidencia en los precios al público y en la eficiencia de la cadena productiva) y -fundamental- un análisis de la rentabilidad y aportación de valor agregado de la refinería de La Teja.

En suma, por ley se obliga al gobierno a transparentar el mercado y a hacer un análisis profundo del mercado y sus efectos sobre la economía del país como nunca se ha llevado a cabo. Ciertamente, nunca con ese nivel de precisión y exhaustividad.

A partir de ambos insumos, vitales para ello, el país y el Poder Legislativo estarán en condiciones óptimas para debatir la desmonopolización y el destino de ANCAP. Como señaló hace pocas horas al semanario "Búsqueda" el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Isaac Alfie, el articulado de la LUC servirá "para que la desmonopolización tenga un marco adecuado de competencia real".

Pocas veces en Uruguay se inició un proceso de esta magnitud para abordar una reforma estructural clave. Así, entonces, lejos de constituir una claudicación, el camino emprendido permitirá sentar bases sólidas -y en lapso breve- para la solución definitiva a la que la coalición gobernante se comprometió ante la ciudadanía.