Bordaberry le envió a los candidatos presidenciales un proyecto de acuerdo para mejorar la gestión de los Entes Autónomos, limitar al mínimo su publicidad, controlar las sociedades paralelas que han  venido creando, transparentar su gestión financiera y que se someta al Tribunal de Cuentas y al ojo escrutador de la opinión pública.

Los excesos de los Entes Autónomos en gastos de publicidad y la privatización oculta en que muchos de ellos incurren al crear  empresas que se regulan por las normas del Derecho Privado – sin controles del Estado – serán limitados si prospera un acuerdo que el Partido Colorado hizo llegar a los candidatos presidenciales, proponiendo un compromiso conjunto de acción para el próximo período.
Los casos de Alur y los subsidios cruzados, el propio déficit de Ancap, la desorbitada propaganda de Antel, la construcción del nuevo complejo en el ex Cilindro y muchos otros asuntos en los que el Estado gasta millones de dólares, son emprendimientos respecto a los que no hay controles ni del Tribunal de Cuentas ni del Parlamento. Para ganar agilidad en su gestión, las empresas públicas han venido privatizando crecientemente sus servicios – lo que se agudizó durante los dos últimos gobiernos frentistas – derivándolos a empresas privadas o creándolas, como ocurre con varias subsidiarias de Ancap-
En esa medida la gestión es un gran misterio, ya que la autonomía dispuesta por la Constitución hace que los mecanismos de control habituales en el gobierno central no rijan, por lo que los directores de Entes recaudadores pueden gastar lo que deseen, aumentando las tarifas que finalmente pagamos los contribuyentes.
Hay que terminar con esos excesos y por lo tanto, Bordaberry propuso una actuación conjunta en varias áreas clave: prohibir la publicidad de los Entes en los servicios monopólicos y en todos los casos durante los seis meses previos a las elecciones; establecer que los jerarcas de los mismos incurrirán en una falta grave si no contestan los pedidos de informes de los legisladores; darle potestades al Tribunal de Cuentas y a los otros organismos de control sobre las empresas privadas dependientes de los Entes; y crear un sistema de evaluación de gestión que sea común a todos estos servicios, de manera que a través de informes periódicos de la Oficina de Planeamiento, la Contaduría y la Auditoría de la Nación, la Junta de Transparencia y la Unidad de Acceso a la Información  Pública, los partidos y la prensa puedan acceder a la realidad financiera de cada una de las empresas públicas. En resumen, el Partido Colorado quiere saber el destino exacto de cada uno de los pesos de los contribuyentes, para poder saber si están bien invertidos y si las tarifas se justifican.
Es de enorme importancia la propuesta realizada y esperamos que, por bien del país y sea cual sea el signo del próximo gobierno, puede avanzarse resueltamente en los próximos cinco años en esta orientación
Noticia en diario El Observador