Colombia: Acuerdo entre gobierno y las FARC

Por Adolfo Castells Mendívil

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Rodrigo Londoño “Timochenko”, principal cabecilla de las FARC, acordaron en La Habana un plazo de seis meses como máximo para firmar la paz. Asimismo, anunciaron un sistema de justicia especial para los implicados en el conflicto, con beneficios para quienes admitan su responsabilidad.

Ese acuerdo ha tenido el apoyo casi unánime de los medios de difusión colombianos y de muchos gobernantes extranjeros, así como también tiene sus detractores, empezando por el ex Presidente Álvaro Uribe y buena parte de la población colombiana. Tiene de positivo que por fin hay un plazo para la firma del acuerdo final (el 23 de marzo de 2016); la guerrilla se compromete a abandonar las armas antes de un año; se crean incentivos para que de las dos partes dejen de lado la imagen que han proyectado de sí mismas durante más de medio siglo, sincerándose con la sociedad y pudiendo comenzar una nueva etapa de la historia colombiana.

Ahora bien, tampoco hay que ignorar que el acuerdo sobre las bases de la Jurisdicción Especial para la Paz, las FARC ganaron muchas cosas. Primero, no tendrán que pagar ni un día de cárcel por los crímenes que cometieron y contarán con “todo el apoyo del Gobierno” para transformarse en un movimiento político legal. Segundo, lograron el tratamiento simétrico que preconizaban desde los inicios: el Presidente de Colombia sentado en la misma mesa y en igualdad de condiciones con Timochenko.

Tercero
, que la justicia pactada se les aplicará por igual a los guerrilleros como a los militares y a otros miembros del Establecimiento que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Cuarto, las FARC consiguieron que el gobierno se comprometa a aprobar una ley de amnistía o indulto lo “más amplia posible” por delitos políticos y conexos. Además, que el Tribunal que los juzgue no sea uno del Estado sino uno ad hoc, que surge de este acuerdo y cuyos magistrados serán elegidos mediante un proceso definido previamente por la guerrilla y el gobierno. Y que ese Tribunal para la Paz aplicará, una justicia que apunte a restaurar la relación entre los victimarios y sus víctimas y la sociedad.

El gobierno también logró varias cosas. Primero, el propio Santos aseguró que fijar la fecha límite fue lo más difícil del acuerdo con las FARC y que casi se frustra cuando el líder del grupo rebelde quiso oponerse en el último minuto a aceptar un plazo de seis meses como límite para finalizar la negociación de paz. Segundo, que las FARC aceptaran someterse a un proceso judicial que concluyera con una condena, aunque para muchos colombianos esto, era lo mínimo. Tercero, que la participación de las FARC en este sistema de justicia transicional estuviera condicionado a que la guerrilla dejara las armas.

Por su parte, Álvaro Uribe ya antes del acuerdo había dicho que “el gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo”, y luego de la última reunión, consideró que los acuerdos alcanzados “son un golpe de Estado a la democracia” (...) “Las FARC han sido responsables de 2.700 desapariciones, son el cártel de cocaína más grande del mundo, responsables entre 1998 y 2003 de 1.794 secuestros. Y han sido responsables, también, de más de 20.000 reclutamientos de menores” (…) “Los integrantes de la guerrilla ahora, no solamente no los van a llevar a la cárcel, sino que les van a permitir elegibilidad política sin restricciones”.

También el Procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, advirtió de que el acuerdo es insostenible jurídica y políticamente si no incluye penas de prisión para los máximos responsables de crímenes perpetrados por la guerrilla. El procurador dijo que le preocupa “la ambigüedad del texto pactado, puesto que lo que se denomina “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales y significa que las penas para los guerrilleros pueden reducirse a la prohibición de salir del país o la realización de un trabajo comunitario. Lo cual a todas luces incumpliría los estándares internacionales y considero que el acuerdo quedó hecho a la medida de las FARC”.

Y el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, advirtió que el acuerdo conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo y manifestó que sacrifica la justicia a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Advierte Vivanco, además, que desde 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional “lleva adelante un examen preliminar sobre los delitos cometidos en Colombia sobre los cuales podría asumir competencia si la justicia nacional no surte efecto”.

Ante este panorama es difícil sacar una conclusión definitiva sobre el acuerdo y su cumplimiento, porque hay varios puntos que quedan en el aire. Empezando porque no habla explícitamente de “máximos responsables” como se estipulaba en el Marco para la Paz.

Otro punto confuso es cómo se articulará la Comisión de la Verdad con este Tribunal para la Paz. Por ejemplo, si una víctima señala a alguien como victimario en la Comisión de la Verdad, pero luego no es seleccionado por el Tribunal, ya que en él no tienen cabida las víctimas.

También hay un riesgo de que sea tanta gente que el sistema se vuelva inoperante y conduzca a una nueva impunidad o que al final terminen juzgando a los autores materiales y dejando afuera al responsable que dio la orden. Asimismo, no está claro el mecanismo de selección de los magistrados ni cómo se reglamentará el Tribunal, que las FARC y el gobierno definirán, pero no sabemos cual será y esto es decisivo para la legitimidad de la justicia que imparta.

Hay otras interrogantes como ¿qué delitos se consideran conexos?, y unas cuantas más que por ahora no las plantearemos. Simplemente, con cierto escepticismo, quiero finalizar esta nota abriendo una carta de crédito a las partes y deseando que se hagan bien las cosas para que se cierre el triste capítulo de la guerra en Colombia y empiece una nueva historia en el maravilloso país del realismo mágico.



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