Cárceles: Escuelas del delito y centros de tortura

Por Jorge Ciasullo

“A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cáceles sirvan para mortificar y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. (Constitución de la República- Sección II-Derechos deberes y garantías, Artículo 26).

A principios de esta semana, tomó estado público la decisión del juez de 1er turno de lo Contencioso Administrativo, de condenar al Estado, al pago de una indemnización de U$S 80.000 más intereses, a familiares de un preso asesinado por otro recluso, por entender el magistrado, que hubo fallas de servicio del Ministerio del Interior en el cuidado del preso.

La decisión del juez, despertó una andanada de críticas en algunos medios pero sobretodo en las redes sociales, todas relacionadas con la víctima, en el sentido de que, si estaba preso, “algo habrá hecho”, y hasta aseveraciones que, sinceramente, horrorizan, como por ejemplo “una lacra menos”. O que el monto dispuesto por indemnización -la suma mayor se destinó a su madre e hija, únicas que lo visitaban y el resto a sus hermanos- fuera a cargo del juez.

Salvo por alguna institución y algunos especialistas no hubo ninguna crítica en las redes ni en los medios, al estado, el que, a través del Ministerio del Interior, es el responsable del cuidado de las personas condenadas. El magistrado, señala “las fallas” que fundamentaron su decisión, en la falta de personal, la infraestructura y la deficiencia en la seguridad.

Sin duda coincidimos con los fundamentos del juez, pero no deja de llamarnos la atención, la reacción, de corte medioeval, manifestada en las redes sociales, que, como señalamos horrorizan y nos llevan a meditar en relación a cómo, una sociedad con un nivel cultural bueno, tradicionalmente solidaria, reacciona de esa manera, celebrando la muerte de un individuo, sin saber siquiera, cual fue la razón por la cual estaba cumpliendo pena de prisión. En cambio, en algunas campañas de recaudación, para fines altruistas, resultan exitosas en base a aportes de todos los sectores sociales y empresariales de la sociedad que nos emocionan y orgullecen.

Así, en la población carcelaria, puede coincidir aquél responsable de un accidente de tránsito, con resultado trágico, con un ladrón de poca monta o el asesino reincidente o violador.

Y realmente son todos iguales en cuanto a seres humanos, pero no son todos iguales en cuanto a educación entorno familiar, estado mental o a la percepción de cada uno de ética y valores.

El Comisionado Parlamentario Dr. Juan Miguel Petit, informaba en el año 2017 que la población carcelaria se acercaba a las 11.300 personas, esto es 320 cada 100.ooo habitantes, lo que nos ubicaba entre los 30 países con más presos en relación a su población.

A su vez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, en su cuenta de Facebook, denunció “que el 80% de la población carcelaria no tiene sentencia ejecutoria, siendo ese índice inconsistente con un estado de derecho”.

Anualmente son liberados 2000 presos. ¿Bajo qué realidad? Es decir: ¿qué cambió en cada uno de ellos desde que ingresaron al sistema penitenciario? Nada, o tal vez sí, aprendieron por ejemplo, tal como se ha denunciado en estos días, la forma de hacer explotar un cajero automático.

Esas casi 12.000 almas, estuvieron encerradas en condiciones inhumanas, en un entorno peligroso con infraestructura deficiente, sin suficiente agua potable, con alimentos en ocasiones en pésimo estado, rodeados de roedores y hasta excrementos.

En brevísimo resumen: no se ha estudiado, desde su ingreso y previo a su liberación, su nivel educativo, el entorno familiar al que vuelven, sus adicciones, muchas veces motivo por el cual ingresaron al delito, sea por consumo o tráfico. Así como no cuentan con atención sanitaria, tampoco cuentan con tratamiento psicológico y menos con una preparación adecuada, que permita reinsertarlos en la sociedad y hasta aspirar a conseguir trabajo.

El filósofo e historiador francés Michel Foucault en su libro “Vigilar y Castigar” (1976) nos dice y cuestiona: “Todos sabemos lo que es una cárcel, el concepto, todos somos conscientes que hay sobre población carcelaria pero ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la experiencia de un ser humano viviendo en un Estado dentro de otro Estado y un Estado de no derecho, en la cual el ser humano está fuera de la sociedad y una sociedad donde él pierde sus derechos?

Afirma también: “desde hace dos siglos decimos la cárcel es un fracaso porque fabrica delincuentes, yo diría más bien no es un fracaso al contrario es un éxito, porque responde a los principios con que la hicimos.

Es decir que tal como estaban organizadas (¡año 1976!) , sostiene, no sin ironía , que de las cárceles sólo puede salir (“fabricar”) de ellas más delincuencia.

Y ello es así hoy en nuestro país, desde el momento que un individuo hombre o mujer hasta con niños, es depositado en una cárcel, donde vive en condiciones inhumanas y donde tal como sostenía Foucault y hoy aquí el fiscal Jorge Díaz, en un estado de no derechos, no tienen en consecuencia, las condiciones necesarias para su reinserción social.

En definitiva, el gobierno y la sociedad deben, en el primer caso, asumir su cuota de responsabilidad diseñando y ejecutando planes que permitan alentar esperanzas reales a la mayoría de los condenados y a la sociedad el actuar y exigir que se trabaje con esa población en forma solidaria y sobretodo humana, para que dejen de ser, como titulamos, escuela de delitos y centros de tortura.

“Llora como lloramos todos en la cárcel, donde el día no menos que la noche está hecho para llorar”, le escribe Oscar Wilde a su amante desde la prisión de Reading (1895).



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