Correo de los Viernes - Calloia, proceso y garantías

Calloia, proceso y garantías

La resolución de un Tribunal de Apelaciones absolviendo al ex Presidente del Banco República, Fernando Calloia, es una etapa de un proceso que aún no ha terminado y que puede tener variantes. No da para festejar ni para lamentar, sino para aguardar la sentencia final de la Justicia, dijo el columnista de Búsqueda Raúl Ronzoni en un artículo que aquí reproducimos

Ni victoria ni derrota. Quien festeje o se lamente por la sentencia del Tribunal de Apelaciones que revocó el procesamiento del ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, se equivoca. Ese fallo por mayoría, parte de un proceso mayor, demuestra que todo investigado goza de garantías. Cada etapa es una fotografía del momento. La primera es de abril cuando, a pedido del fiscal Juan Gómez, la jueza Adriana de los Santos procesó sin prisión a Calloia y al ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por "abuso de funciones". Esta sentencia del Tribunal es una nueva fotografía y la que registrará la Suprema Corte de Justicia dentro de algunos meses sobre el recurso de casación que anunció Gómez se convertirá en la tercera y definitiva. Determinará si se mantiene la revocación o si se confirma el procesamiento.

Lo "saludable", como señaló Gómez a Búsqueda la semana pasada, es que sea la Corte la que dirima este tema, porque eso les da "garantías" a todas las partes y, en especial, a la población.

La semana pasada, el fiscal Enrique Viana vinculó el fallo de los ministros Alberto Reyes y Rolando Vomero a favor de Calloia con el interés de los magistrados en obtener del Poder Ejecutivo un discutido aumento por "enganche" salarial para jueces y fiscales. Escribió Viana en un tweet: "Y los negoshiadores (remedando a Mujica) del enganche (Reyes y Vomero) son los que hoy hacen la mayoría del tribunal". En otro, dijo: "Inconstitucionalidades del bolsillo propio importan más que los intereses generales de la Nación". El abogado Gustavo Salle calificó el fallo: "El precio del enganche". Si tienen indicios o pruebas de que los votos tuvieron ese motivo deben denunciarlo ante la Justicia porque, de ser cierto, habrían cometido un acto corrupto penado por la ley. La Asociación de Jueces rechazó los dichos del fiscal y del abogado.

Hace un tiempo, ante un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, también por mayoría, la senadora Lucía Topolansky sostuvo que los votos discordes demostraban que había dos bibliotecas. Cuestionó a quienes votaron en contra de lo que ella pretendía. De seguir ese absurdo razonamiento, en este caso el resultado sería de tres a dos: Gómez, De los Santos y el discorde ministro Sergio Torres a favor de mantener el procesamiento, y Reyes y Vomero, en contra. Pero la Justicia no es un partido de campito ni un instrumento electoral. Solo vale el Derecho. Ese que funciona mediante normas aplicadas por instituciones independientes derivadas de la Constitución de la República y que sólo los totalitarios desconocen.

Desde que la Justicia del Crimen Organizado inició esta investigación, tirios y troyanos han tratado de obtener réditos políticos. Es que el "caso Pluna" en sus diferentes vertientes (empresarial, comercial, civil y penal) es uno de los más graves ocurridos en este país. Según algunos, un Watergate para el gobierno, con el añadido de un empacho de la comida del restaurante Lindolfo.

Las discrepancias o coincidencias sobre una sentencia son parte indiscutible de la libertad de expresión, pero cuando para uno u otro lado inducen en error al ciudadano, son tramposas. Lo estafan porque la mayoría no entiende el sistema. A la gente en general las leyes y los procesos no les preocupan porque históricamente han sido conducidos por otra ruta. Por eso alaban o cuestionan los fallos en función de sus ánimos, deseos, odios, simpatías o partidarismo, y no por el fondo. De los argumentos erróneos o acertados de esta sentencia, casi nada.

Tras el fallo que benefició a Calloia, el presidente José Mujica, también ignorando las normas, reflexionó: "No sé cómo podremos repararle lo que ha sufrido un excelente funcionario del país".

¡Nada hay que reparar! Calloia transitó ante la Justicia por el mismo camino que cualquier otro sometido a un proceso. No existen procesados de primera (los gobernantes y los políticos) y de segunda (el resto de los ciudadanos). ¿O acaso algunos son más iguales que otros? Los gobernantes tienen la obligación de educar e instruir sobre el significado de un procesamiento. Dejar claro que es el comienzo de un proceso (un trámite, una investigación en la que intervienen fiscal, juez y abogado defensor) durante el cual —y hasta una eventual condena— el procesado goza de la presunción de inocencia.

La cuestión es que el sistema, los interesados, los medios y los gobernantes han convertido el vocablo "procesado" en sinónimo de culpabilidad. Por eso, declaraciones como la de Mujica no solo trampean sino que vuelven a reivindicar lo político sobre lo jurídico.

Las reparaciones que reclama surgen preceptivamente de una ley para reparar económicamente a quien haya sido sometido a prisión (Calloia no lo fue) y luego se demuestre su inocencia. ¿Que un procesamiento tiene efectos sobre los enjuiciados que no son solo económicos? Probablemente. Pero son las reglas de juego de este sistema. De cualquier manera, a toda objeción o cuestionamiento se antepone el interés y el derecho del ciudadano a tener la mejor y más amplia información, más aún cuando se trata de un asunto de claro interés público y en el que todos hemos resultado perjudicados en nuestra credibilidad y bolsillos.