La guerra sucia, antidemocrática, y por ende antirrepublicana que la oposición en sí misma, pero también enquistada en los gremios que se jactan de representativos y en cuanto colectivo corporativista identificado con la izquierda que podamos identificar ha emprendido desde el vamos contra el gobierno de coalición elegido en las urnas es constante, pero se desborda y manifiesta en hechos puntuales.

En efecto, los que durante quince años callaron ante los hechos de corrupción e ineficiencia más degradantes y controversiales -que incluyen hasta renuncia del vicepresidente- vinculados directamente al gobierno del Frente Amplio, resulta que en épocas de transparencia y consulta constante con la ciudadanía -referéndum incluido- han resuelto por todos los medios, y apelando a la intolerancia y el totalitarismo que forman parte de su manual populista, emprenderla contra toda acción del gobierno. La que sea.

Es de Perogrullo insistir en que el gobierno electo se encuentra desde su asunción abocado a implementar las acciones que en su plan de gobierno puso a consideración de la ciudadanía. Y así lo viene haciendo, incluso con el "regalo" de la pandemia, en el que mostró solvencia cívica, y técnica.

Los avances en la economía, vinculados al crecimiento, al aumento de las inversiones, y al descenso de la pobreza y desempleo, son datos, que aun así son negados con un discurso mentiroso y falaz. Se desconoce el insólito apoyo -por su monto- a los sectores más desposeídos, y la constante presencia del MIDES en donde es requerido.

Como muchos logros son obviamente graduales, constantes y permanentes, benefician a nuestra sociedad y hacen que la aprobación a la gestión sea excelente, no puede el conglomerado antidemocrático estar a diario gritando, y reserva sus baterías para los hechos puntuales. En patota, coordinados en lo detestable de una metodología cuasi fascista. Cualquier cosa les sirve.

En ese delirio de intentar trancar, entra todo. Como en un cambalache. Vale lo mismo la reforma educativa que el desmantelamiento de la corrupción en la intermediación de las ollas populares. Todo da para confrontar. Es en ese patético ejercicio de la prepotencia, que se viola el derecho de los que no están de acuerdo con las medidas que limitan la libertad de los que, por la ley de los grandes números, obviamente son mayoría. Y ése, es el punto.

Porque la decisión anticonstitucional de ocupar centros de estudio es limitativa del derecho de muchos, que repetimos, son mayoría numérica. Y es muy triste que se apele a ello en ámbitos como el de la Enseñanza. Y para colmo nuestra Universidad Pública se arrastra en ese fango, de la mano de unos pocos prepotentes, lo que lamentamos profundamente. Es bueno y sano discrepar y confrontar con propuestas. Es abominable imponer. Y no podemos dejar de recordar asambleas de nuestra juventud universitaria, en las que se votaba a las tres de la madrugada. Con tres o cuatro presentes.

En esa gimnasia de tratar de equilibrar una balanza que se vuelca al retorno a una democracia sana y transparente, es obvio que a mayor logro, el esfuerzo por contradecirlo, cuestionarlo y tratar de incomodarlo, deberá ser mayor, y en eso están los perdidosos. Revolviendo una olla que no es popular, y que incluye los ingredientes más dañinos que podamos imaginar, como los son la mentira, la prepotencia y la vulneración de derechos en plena conciencia, además, de que se viola la Constitución. Y eso afecta el estómago de los demócratas, que cada vez son más, al abstenerse de ingerir ese menú.

Es por eso que cuando vemos a líderes de la oposición -que además pertenecen a partidos que aplauden regímenes totalitarios- plantarse en esa línea, retomamos la confianza y la tranquilidad de que estamos en el camino correcto, junto a la mayoría de un pueblo que se hartó de esas metodologías, y así lo plasmó en las urnas. Dos veces.