Correo de los Viernes - Bonomi y su esposa en el banquillo

Bonomi y su esposa en el banquillo

Los periodistas Daniel Figares y Carlos Peláez, del programa Rompkabezas de El Espectador, ratificaron su acusación contra la diputada Susana Pereira, esposa del ministro Bonomi, asegurando que los audios existen y que en ellos la diputada involucrada informó a integrantes de la barra brava de Peñarol que sus teléfonos estaban intervenidos, lo que, de confirmarse, puede implicar una conducta delictiva.

La reiteración de los periodistas se produjo tras los intentos de desmentidos que hicieron la propia Pereira, su esposo el ministro Bonomi y el Sub Secretario del Ministerio, Jorge Vázquez.

Pese a esas aclaraciones oficiales, los periodistas de El Espectador sostuvieron posteriormente que los audios existen y que efectivamente incriminan a la diputada Pereira y advirtieron que si estuvieron inventado una versión o mintiendo, Bonomi y Pereira les estarían haciendo un juicio por difamación, lo que no ha ocurrido. Sostuvieron que tal instancia –un juicio de esa índole– permitiría conocer a fondo la verdad, ya que la justicia habilitaría en ese caso la divulgación de las grabaciones.

También afirmaron que sería oportuno y positivo que la diputada Pereira pidiera por su cuenta a la Justicia que divulgue los audios, y que les llama la atención que ello no haya ocurrido hasta ahora.

Finalmente los periodistas recordaron que hasta hace poco tiempo el ex juez Homero da Costa –quien se jubiló en abril pasado– sostenía que la investigación no debía archivarse porque había “elementos suficientes” como para proseguirla y concluirla. Sin embargo, tras su jubilación la juez que asumió el tema, Ana Ruibal, aceptó la propuesta de la Fiscal y archivó el expediente.

Quiere decir que hay por lo menos dos asuntos muy importantes a aclarar. Por un lado, la Corte de Justicia debe tomar cartas en el asunto para determinar si efectivamente la investigación debía proseguirse y no archivarse, como sostuvo el ex Juez Da Costa. Es muy grave que cunda la sospecha de que la Justicia archiva un expediente ante la presión del Ministerio de Interior. La Suprema Corte debe intervenir para impedir que esa sospecha prospere.

En segundo término, el señor Bonomi y su esposa deberían aclarar definitivamente su situación, aunque dudamos que esto ocurra, conociendo los antecedentes del Ministro de Interior, quien reiteradamente ha manipulado la información oficial a su antojo.

Queda la instancia parlamentaria, en la que esperamos que a través de los “pedidos de informes” o de las actuaciones que la Constitución prevé para aclarar la inconducta de los legisladores, el turbio asunto pueda definirse.