El lunes pasado y en representación de “Batllistas”, el diputado Tabaré Viera presentó en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara un proyecto de declaración sobre la situación en Nicaragua. El resto de las bancadas entendió que, en virtud de las declaraciones que en igual sentido habían emitido la Cancillería y el Senado pocos días antes, una declaración de la Cámara de Representantes sobreabundaría. No compartimos el criterio porque, por el contrario, una declaración de la Cámara en idéntico sentido, reforzaría el mensaje de Uruguay en defensa de las libertades y derechos individuales en el hermano país centroamericano. Por entenderlo de interés para los lectores, nos permitimos presentar la declaración que no pudo ser.
La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay
VISTO: la grave situación de los derechos humanos en la República de Nicaragua.
RESULTANDO:
I) Que a la referida situación se llega, además, con la participación activa del Gobierno de Nicaragua, todo lo que quebranta los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
II) la declaración AG/DEC. 97 (XLVIII-O/18) aprobada por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2018, sobre la grave situación de los derechos humanos en la República de Nicaragua;
III) la Declaración Especial sobre Nicaragua, del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), del 30 de junio de 2018;
IV) Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua adoptada por países miembros de la CELAC en Bruselas el 16 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
I) el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre su visita a Nicaragua, realizada del 17 al 21 de mayo de 2018, titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, presentado al Consejo Permanente de esa Organización el 22 de junio y el 11 de julio de 2018;
II) que a pesar de los repetidos llamamientos internacionales al cese de la violencia y la represión en contra de la población, líderes civiles y religiosos y organismos defensores de los derechos humanos, la situación empeora con mayor número de asesinatos, personas heridas, detenciones ilegales, tratos crueles e inhumanos y desapariciones;
III) que el Consejo Permanente de la OEA se encuentra nuevamente analizando esta grave situación, y que con tal propósito las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos han presentado un proyecto de resolución;
RESUELVE:
1. Expresar su más enérgica condena a los actos de violencia en Nicaragua, en particular aquellos llevados a cabo por fuerzas gubernamentales con el apoyo de grupos paramilitares en contra de la población.
2. Llamar al Gobierno de Daniel Ortega a cesar de inmediato la represión y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los nicaragüenses, en particular los derechos de reunión, manifestación pacífica y de libre expresión, así como respetar la importante labor humanitaria llevada a cabo por el personal de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
3. Expresar su apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su labor de mediación y testigo en el Diálogo Nacional y condenar los ataques a varios de sus obispos.
4. Hacer un llamado a retomar el Diálogo Nacional, de buena fe y con un espíritu de compromiso real con la búsqueda de una solución política y pacífica a la crisis planteada.
5. Apoyar los esfuerzos que en este sentido viene realizando la OEA, en particular su Asamblea General y el Consejo Permanente.
6. Solicitar al Poder Ejecutivo a realizar su máximo esfuerzo para contribuir a una pronta solución de la crisis nicaragüense y considerar la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA para examinar la grave situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, de conformidad con los instrumentos jurídicos interamericanos mencionados.
