Ante el fracaso rotundo, el gobierno va a sincerar las cifras sobre el delito

El brutal aumento de la delincuencia, con dramáticos asesinatos y asaltos cotidianos — que en porcentajes estarían subiendo un 50% respecto al año pasado— obliga al gobierno a sincerar la situación y a divulgar las cifras sin aparente retoque. Mujica y Topolanski reconocen que el Estado no puede con el narcotráfico. Se trata de un evidente incumplimiento de una promesa preelectoral, cuando se juró una reducción del 30% en las rapiñas.

La situación de violencia y de inseguridad en las calles es de tal entidad que ha llevado al gobierno, hasta hace poco abroquelado en su soberbia y negativa, a preparar el terreno para reconocer que el total de delitos violentos ha subido un 50% respecto al primer semestre del año pasado. El ex presidente Mujica ya había admitido que la delincuencia “pasó por arriba a los gobiernos del Frente Amplio”, a lo que se sumó la expresión de Lucía Topolanski, cuyo veredicto tiene importancia por ser Vicepresidente de la República más que por su condición de cónyuge, quien explicó que “el ingreso del narcotráfico trajo cambios en la sociedad y fue lo que perjudicó a la seguridad”. Según organismos internacionales, Uruguay está sometido a una fuerte presión del narcotráfico desde 2008... Ha pasado mucha agua bajo los puentes —de sobra— que confirma la omisión de los gobernantes, que debieron reaccionar mucho antes.

Pero además de esas advertencias provenientes de la cúspide gubernamental, el Ministerio de Interior también abre el paraguas, aunque lo hace en una forma curiosa e inusual, autorizando a su Director de Comunicación, Fernando Gil Díaz, a que anuncie en su web personal que las cifras que se divulgarán próximamente serán francamente muy malas. El blog del jerarca, que se titula “El rincón del Perro Gil” —todo es extraño y entreverado en torno a este tema—, sostiene que “lejos de los guarismos a la baja con que cerró los años 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia”. Tras lo cual el señor Gil Díaz se dedica a interpretar el fenómeno y a ubicar a algunos responsables, ninguno de ellos el Ministerio. Lea el lector de CORREO ese blog y verá que el autor reclama que concluya la hipocresía y el individualismo, sabiendo que se requiere un cambio cultural que llevará mucho tiempo y que, mientras tanto, hay que hacer una campaña de buenos tratos y generar espacios de convivencia. Es decir, la autoridad nos pide que actuemos con cortesía y amabilidad mientras los delincuentes se preparan para asesinar a algún vecino, amigo o familiar. Ya no se trata de una ingenuidad irresponsable, sino de una malicia a esta altura imperdonable.

Más allá de todo este palabrerío, desde “El Observador”, el periodista Gabriel Pereyra, quien suele manejar información muy precisa sobre los asuntos internos del Ministerio, aseguró que los delitos violentos están creciendo un 50%, lo que las autoridades reconocerán en julio próximo, quizás prendiendo velas para que a Uruguay le vaya bien en el Mundial y la aterradora noticia se divulgue en medio de la euforia futbolística.

Como se sabe, el Ministro Bonomi cambió hace años la base de datos, procurando maquillar los resultados. Como con ello no pudo alterar la tendencia, obligó a las comisarías a que registraran muchas de las rapiñas como hurtos, aunque fueran delitos cometidos en la calle con violencia. Además, tanto el Presidente Vázquez como todos los principales voceros gubernamentales de los tres gobiernos frenteamplistas, intentaron quitarle entidad al auge delictivo. Desde la “sensación térmica” invocada abusivamente por el ex Ministro José Díaz a los ajustes de cuentas con que Bonomi intentó disminuir la entidad de los asesinatos, ha habido una larga saga de pretextos y engaños. Hasta se llegó a decir, por parte del subsecretario señor Vázquez, que las personas que no tenían vinculación con el delito no tenían nada que temer... y cuando una legisladora denunció un robo en su casa, el ministro Bonomi sostuvo que la señora había dejado una ventana abierta.

Después de años de mentiras y falsedades, la realidad ya no puede evitarse. En vez de bajar un 30%, los delitos subirán un 50%, con un asesinato cada 18 horas y más de 20 mil rapiñas al año. Un enorme fracaso que debería provocar vergüenza a los gobernantes pero —peor que ello— se trata de un fenomenal retroceso de un país que ahora se ve sometido al narcotráfico y a la violencia.



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