Alas U: un final tan previsible como escandaloso

Por Jorge Ciasullo

El lamentable caso de Alas U es expresivo de una pésima gestión: se causó un daño al Estado y también a los trabajadores, a los que se le alimentaron expectativas imposibles.

Recordemos algunas etapas de esta situación, que lleva a que en los próximos meses se determine el quiebre de la empresa, hoy en concurso de acreedores. En el año 2012, al cierre de Pluna, a la vez que los ex funcionarios comienzan a cobrar el seguro de desempleo, se inician las gestiones por parte de estos, con el fin de desarrollar una empresa aérea en forma de cooperativa. Proyecto que fue reiteradamente cuestionado, particularmente desde el punto de vista de la factibilidad, del mercado -con fuerte competencia de empresas internacionales- como desde la gestión que, para un emprendimiento de este tipo, exige conocimientos especiales.

Sin embargo, bajo la proclamada “velita al socialismo” del Presidente Mujica, se alentó y sobretodo se dispuso un crédito del Fondo de Desarrollo (Fondes) de 15 millones de dólares, para que Alas U comenzara a operar, que se hace efectivo en Julio de 2014. Mientras tanto, seguía corriendo el seguro de desempleo especial que, extensión tras extensión, se prolongó hasta junio de 2014.

Luego del arrendamiento de aviones e intensas gestiones ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), se logra la habilitación para operar en enero de 2016. Se anuncian entonces frecuencias a Asunción, Buenos Aires, Santiago de Chile, San Pablo y conexiones Buenos Aires -Punta del Este, las que en definitiva no se pueden cumplir.

Agotados en abril de 2016 los fondos obtenidos como préstamo, sin capital de giro y sin lograr nuevos créditos, Alas U deja de volar en octubre, comenzando sus directivos a la búsqueda de socios para recapitalizar la compañía, lo que no se logra, a la vez que se vencen la certificación y habilitación para operar.

No obstante, en particular sus directivos Sabrina Acevedo y Nicolás de los Santos, continúan fungiendo como directores y percibiendo su salario hasta junio de 2017, cuando el síndico interventor los suspendió en sus funciones. Alegaban hasta entonces, que se estaba en gestiones reservadas con un interesado en asociarse a la compañía. (Recordemos ya con las habilitaciones vencidas y los aviones negociados).

En definitiva, se han malgastado 25 millones de dólares- 15 del préstamo del Fondes incluidos 1 millón de intereses, que no se recuperarán, 10 millones de seguro de desempleo, existiendo garantías totales por 450 mil dólares.

De lograrse recuperar efectivamente esta última suma, se destinarán al pago de acreedores, que corresponden a los prestadores de servicios y créditos laborales, estimándose que éstos últimos probablemente se cobren, llegándose entonces a decretar la quiebra de la compañía.

Desde ya que, ni nosotros ni creemos que nadie en Uruguay, puede alegrarse ante esta situación, que implica el cierre de una empresa y la pérdida definitiva de una fuente de trabajo, pero tampoco podemos dejar de manifestar nuestra contrariedad ante quienes, a pesar de todas las indicaciones en contrario, alentaron, con total irresponsabilidad por donde se le mire, a un proyecto destinado al fracaso y que finaliza de manera escandalosa.



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