Ya hemos dedicado dos notas al respecto, no obstante y a riesgo de aburrir al lector insistiremos en lo que entendemos un gravísimo error conceptual, de fondo, que equivocadamente quieren hacer justificar con la reducción del gasto público. Es que como suele ocurrir, y es muy común en las discusiones políticas, se asocian premisas falsas para arribar a decisiones rigurosas e inflexibles. Una suerte de paralogismo pragmático según lo define Kant. Lo peor es que quienes defienden estas conclusiones lo hacen muchas veces desde la omnipotencia que contamina aún al más humilde cuando tiene poder.

¿Cuáles son las premisas falsas o equivocadas?

1º. "El Estado no se puede comprometer a cumplir con lo establecido en la ley 16.065 en cuanto a desembolsar al menos una cifra similar a la que aporta la producción a través del adicional al IMEBA." A partir de esta premisa esgrimida desde el equipo de economía, para no incumplir la ley la solución es modificarla, desconociendo sin contemplación alguna que lo dispuesto en el artículo 16, literal b, de la ley madre del INIA, tiene por objetivo involucrar a la sociedad a la par de la producción en el financiamiento de la investigación, uno de los temas más estratégicos en el desarrollo de nuestro principal recurso productivo. Se configura un primer precepto falso, se asume que los desembolsos desde Rentas Públicas son una mera obligación y no un compromiso de Estado como surge de la ley 16.065. En esta misma premisa una segunda falsedad es asumir que el aporte de los productores es de una magnitud inmanejable o impredecible. Se desconoce aviesamente que el artículo 17 de la ley 16.065 establece un tope para la magnitud del aporte desde la producción, "hasta" el 4/00 del IMEBA, lo que podría ser fácilmente reducido mediante un decreto reglamentario respetando el compromiso del Estado aportando al cofinanciando la investigación en la misma medida que lo recaudado desde la producción.

2º. "El INIA gasta en función de lo que recauda sin justificarse en el cumplimiento de sus objetivos." A partir de este grueso preconcepto, propio de quienes recelan de la gestión de las instituciones públicas, la conclusión de rigor determina la inconveniencia de un financiamiento por fondos disponibles a partir de una cierta recaudación y similar aporte del Estado. Por cierto el instituto viene de un período donde debió atender con sus fondos las demandas de otros ámbitos de investigación vinculados a la academia, no necesariamente encuadrados en los objetivos institucionales. Fue un tema netamente político de desvío de recursos avalado políticamente por los anteriores gobiernos. Situación que seguramente no se repetirá bajo las actuales circunstancias. La mayor garantía de justificación del gasto está en la misma integración de la Junta Directiva, dónde participan delegados de las principales gremiales rurales, incluyendo a FUCREA como entidad no gremial de referencia, cuenta con Consejos Asesores Regionales integrados por referentes de distintos rubros, quienes actúan en apoyo de cada una de las 5 Estaciones Experimentales "para establecer las bases del plan regional, promover acciones de interés zonal o local y coadyuvar en la búsqueda de recursos adicionales" (sic). Aún más, el instituto suele someterse a evaluaciones externas, como también lo debe hacer cada investigador en la propia interna del INIA. Es un mundo muy particular, de alta exigencia, dónde no corre la displicencia que algunos con menosprecio atribuyen al funcionario público.

Como sea, tiene razón pero marche preso. El Poder Ejecutivo convenció a los diputados de la coalición con el argumento de que en el mismo presupuesto se incluye una partida de $ 600 millones (monto devaluado surgido de partidas del presupuesto pasado) para aportar al instituto en los próximos 5 años. Con el pueril razonamiento de que todo es cuestión de dinero, muchos salieron convencidos de que esa manera se saldaba la disposición que le quitaba al Estado la obligación de igualar los aportes de la producción. Aún más, desconociendo torpemente que no se pueden cumplir programas de investigación de largo aliento con presupuestos a negociar cada 5 años.

En definitiva, los temas del agro suelen ser moneda de cambio en cualquier negociación política, poco comprendido por algunos, o bien con relativa importancia política para muchos. Por eso es que saludamos con respeto y aplaudimos la actitud de la diputada Agustina Escanellas, representante colorada por Salto, quien negó su voto al desacertado e inoportuno artículo del presupuesto, defendiendo con convicción las exigencias para tener investigación agropecuaria de largo plazo, reclamando coherencia para quienes se llenan la boca hablando de la importancia del agro. Más aún, haciendo valer su conciencia y compromiso con sus representados del agro salteño por encima de los acuerdos partidarios.

Hubiéramos deseado mayor sensibilidad y compromiso en este particular tema de parte del resto de los diputados de nuestro partido. La racionalidad del gasto no se justifica destruyendo institucionalidad...