Además de ser, parecer

Por Elena Grauert

Debe preservarse la independencia de la JUTEP, honrando así nuestra tradición republicana.

Pueden existir varias opiniones o verdades sobre un mismo caso, pero la sociedad necesita un veedor, no solo del cumplimiento de la norma jurídica, sino que además vigile el cumplimiento de los principios éticos que deben rodear la conducta de los gobernantes.

En los últimos días hubo varios pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que pusieron en entredicho el accionar de la misma. Los cuestionamientos efectuados señalan una supuesta falta de objetividad o una imparcialidad y estar partidizada a favor del Frente Amplio, acusándola de juzgar con mayor rigor a políticos de la oposición que a los del Frente Amplio. También se ha cuestionado la necesidad de dicho organismo, en virtud que si hubo una falta jurídica, se debería sancionar, no siendo necesaria la JUTEP.

La ley de creación de la JUTEP exige mayorías especiales para la designación de su Directorio. Asimismo, desfasa el periodo de ejercicio de éste del quinquenio del gobierno. Ambos factores buscan asegurar la independencia técnica del organismo así como su imparcialidad política.

Todo ellos, por cierto, no garantiza que sus resoluciones estén exentas de la natural subjetividad, pero al ser un cuerpo colegiado, designado con mayorías especiales, implica que su integración sea políticamente plural, con personas de gran probidad y respetabilidad moral.

La naturaleza de control y jurisdiccional de este tipo de organismos, dada la crisis de la representatividad de las instituciones y de los gobernantes, es un instrumento que pretende dar una señal de autocontrol del propio sistema, reforzando la transparencia y el deber de rendir cuentas. Por tanto, el respeto a la JUTEP, sobre todo en cuanto a su independencia técnica, es una señal fundamental.

En virtud de ello, entiendo que se deben mantener sus miembros por el período que fueron designados, ya que así lo mandata la ley y cualquier modificación que cambie dicha regla, sólo podría hacerse para el próximo período.

Por supuesto, que no hay verdades absolutas y las resoluciones de cualquier organismo, más de naturaleza jurisdiccional como en el caso, si bien hay que acatarlas, no tienen por qué ser compartidas. Por tanto no se debe descartar que pueda existir una reforma al procedimiento, pudiendo introducir una segunda instancia inclusive (tal vez arbitral), brindando mayor transparencia y certezas.

Pero lo cierto es que se debe profundizar en la búsqueda de mayores garantías al ciudadano. Eso supone que los políticos no solamente puedan ser juzgados por actos que violen la norma, sino también por su accionar ético, que es mucho más amplio y que los expone a un mayor control, que hoy la sociedad exige.

La sociedad moderna buscando todo tipo de instrumentos que den equilibrio al accionar de los gobernantes y ciudadanos, comenzando por la separación de poderes de Montesquieu y siguiendo hoy por los neoconstitucionalistas que marcan una clara tendencia a perseguir el cumplimiento y defensa de valores superiores. Ello necesariamente conlleva fortalecer los órganos de control que inhiban -o mitiguen- los abusos y la corrupción.

Por todo eso, frente a un cambio de gobierno, no solamente creo que este tipo de organismos debe permanecer, sino que deben fortalecerse, al tiempo que rindan cuentas de su accionar. Así se fortalece el sistema y garantiza la buena gestión de quien gobierne.



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