Además de inmoralidad, delito

El ex Vicepresidente cometió peculado. No hay vuelta.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), creada por ley para velar por la transparencia en la administración pública, emitió un comunicado en el que se establece que hubo una violación de diversas leyes y decretos por parte del ex Vicepresidente en el uso de su tarjeta corporativa. La Jutep, también conocida como Junta Anticorrupción, no tiene facultades para establecer sanciones, dedicándose únicamente a registrar los hechos. Pero los antecedentes del caso fueron elevados por la oficina especializada a la justicia penal.

Según el dictamen, Sendic violó normas de administración de fondos públicos al realizar 46 compras con las tarjetas corporativas de Ancap no vinculadas a la gestión, de las cuales 35 no supo explicar.

El Código Penal (artículo 153) dice: “El funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno, será castigado con un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años”.

Analizado el dictamen de la Jutep, nadie puede dudar de que, además de la inmoralidad, que es lo que juzga ese organismo, hay un claro delito. El Presidente de Ancap estaba en posesión de una tarjeta (bien mueble o dinero como quiere juzgarse) otorgada por el Estado en función de su cargo que fue usada -como dinero- para compras personales.

El responsable es el Presidente de una gran empresa del Estado, que ha llegado a Vicepresidente de la República. No es un funcionario menor que se apropió de una resma de papel o de una lapicera birome. Es un jerarca que, sin el menor recato, andaba por el mundo satisfaciendo sus pequeñas tentaciones. Los montos no son demasiado grandes pero tampoco pequeños y la reiteración de esa conducta les atribuye la connotación de un hábito. No fue una excepción, un caso aislado, sino la reiteración de la inconducta a lo largo del tiempo. Era lo normal para él: viajaba y compraba zapatos de vestir o equipos deportivos o simplemente ropa que le gustaba.

En un particular sería el delito de apropiación indebida. En un funcionario se llama peculado. No hay vuelta.

Lo del título que no tenía fue simplemente una inmoralidad, gravísima pero inmoralidad. Agravada por las sucesivas mentiras. No había delito porque no ejerció la profesión. Aquí está claro que además de la inmoralidad, hay también un delito. Y no es un caso complejo como los que se juzgan en la administración de Ancap. Es bien simple y claro.

El episodio que le costó el cargo, le puede frustrar hasta la candidatura que anda pergeñando. Porque el Código prevé, con lógica, que el funcionario que incurre en delito es pasible, además de la eventual prisión, recibir una “inhabilitación especial de dos a seis años”.

Veremos que dice la Justicia, pero es evidente que el Fiscal al que le toque el caso –pobre Fiscal, dado el oficialismo actual– no tiene mucho margen.

Para colmo, el ex vicepresidente mintió. Los términos del comunicado de la Junta son más suaves, pero quieren decir lo mismo: “Para el organismo, algunas de las explicaciones dadas por Sendic "no se ajustan a la verdad", como cuando señala que "en todas las compras efectuadas se siguieron los trámites de contralor indicados en la normativa".



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