A pesar de los blindajes, con los días contados

El senador Leonardo De León fue blindado por el Frente Amplio en el Senado, impidiendo que se abordara la cuestión de fueros planteada por el senador Bordaberry por los insultos de De León a Mieres. Empero, y pese al archivo de la causa por los gastos con la tarjeta corporativa de ALUR dispuesto por el fiscal Pacheco, De León sigue con varios frentes judiciales abiertos.

Es difícil entender qué llevó al senador Leonardo De León (FA-711) a convocar a una conferencia de prensa en la cual, además de posar de víctima, por boca de sus abogados anunciara una posible demanda contra el senador Pablo Mieres (PI) “por daño moral”.

Es cierto, sí, que el fiscal Pacheco —en harto polémica decisión— dispuso archivar la causa de la tarjeta de ALUR, pero no es que el dictamen sostuviera que el senador de la 711 fuera una blanca paloma. Por el contrario, señaló que “hizo un uso discrecional de la tarjeta, y puede decirse —en consonancia con las conclusiones de la Junta de Transparencia— que ha incurrido en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública por una despreocupada administración de dineros que en un 90,79% se trataba de dineros públicos”. Pero como técnicamente De León, en su calidad de presidente del directorio de ALUR S. A., no era un funcionario público, a juicio de Pacheco no le eran aplicables los delitos que éstos pueden cometer, como peculado o abuso innominado de funciones. Le podría ser aplicable el de “apropiación indebida”, señaló Pacheco, pero optó no solicitar su procesamiento porque las víctimas de ese delito (ANCAP, ALUR S. A. y la venezolana PDVSA) no lo habían denunciado.

Precisamente, esa situación puede llegar a cambiar y el fiscal eventualmente podría disponer el desarchivo de la causa. Es que el directorio de ANCAP solicitó a la división jurídica de ALUR que se pronuncie acerca de si corresponde dar nuevos pasos, según lo manifestara Marta Jara, dejando entrever la posibilidad de denunciar a De León si así lo recomiendan los abogados.

Otro frente judicial que deberá enfrentar es el de sus vínculos con el empresario español acusado de lavar dinero del Partido Popular español. En ese sentido, Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que cite a De León en calidad de indagado a efectos de ser interrogado.

Pero además el fiscal Luis Pacheco dispuso desarchivar la causa por eventuales sobrecostos en la construcción de la planta de etanol de ALUR en Paysandú, que estuvo a cargo de la empresa española Abengoa. Pacheco le pedirá a la Facultad de Ingeniería una pericia para determinar si los costos en que se incurrió fueron razonables para las características de la planta. El actual directorio de ALUR entiende que las seis modificaciones millonarias al contrato original que De León autorizó, fueron “increíbles e inconcebibles”, perjudicando notoriamente a ALUR y beneficiando a Abengoa.

Y De León tiene pendiente también, aunque ya en el plano político, el pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que está analizando el lapidario informe de la Junta de Tranasparencia.

Resulta a todas luces evidente que la situación del senador de la 711, tanto en el plano judicial como en el político, está más que comprometida por lo que no resulta razonable que se exhiba envalentonado y desafiante. Este es uno de esos casos en que no es cierto que no haya mejor defensa que un buen ataque...



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