¡A desalambrar!, pero los Estados extranjeros quedan propietarios de la tierra

Por Tomás Laguna

Finalmente, la cruzada libertadora promovida desde el oficialismo y que prohibió a los Estados extranjeros ser propietarios de tierras, rebotó contra la realidad y tuvo que permitir excepciones para beneficio de la expansión del agro negocio. Mientras tanto el Censo Agropecuario marcó que en los últimos 10 años se perdieron 12.000 productores familiares de menos de 200 has. Cosas que pasan dijo Larralde...

La obsesión  patológica por la propiedad de la tierra que le brota como sarpullido viral a la izquierda terminó contagiando  a todo el sistema político. Así fue  que  en un clamor generalizado se proclamó a través de una ley votada por unanimidad (faltaba más...) que los Estados extranjeros no podían ser propietarios del preciado bien productivo.  Digamos que el texto legal fue algo así como el éxtasis final de un largo proceso que se inició con la prohibición a las sociedades anónimas como forma jurídica propietaria de tierra. Aquel primer suceso reivindicado por la izquierda apenas asumido su gobierno, incluyó de inmediato excepciones para atender los mega emprendimientos forestales y otros que fueran de interés nacional. Así fue que desde la forestación hasta la lechería (recordar las inversiones de los fondos neozelandeses), el Poder Ejecutivo fue dando las consabidas excepciones para que las sociedades anónimas pudieran comprar la tierra que, a buen precio, vendían los productores criollos.

Luego sobrevino la iniciativa de lo que dimos en llamar el corredor xenófobo.  Se trataba de una propuesta del senador Agazzi por la cual se establecía una franja de 50 kms en torno a la frontera dónde los extranjeros no podían ser propietarios. Fracasó en su primer intento, luego redujo sus aspiraciones a 20 kms en torno a la frontera. Tampoco tuvo andamiento...

Para desquitarse asumió con decisión épica un nuevo proyecto, esta vez contra terceros países que pretendieran comprar tierras en Uruguay. Ocurrió que ante versiones de que  Estados  estarían  comprando tierras para autoabastecerse de alimentos, de hecho lo están haciendo en África, nada más propio que generar las salvaguardas para resguardar el rico patrimonio de los orientales. Motivo suficiente para la cruzada patriota que nos convocaría a todos tras las banderas de la seguridad alimentaria y la soberanía sobre nuestro territorio. ¿Quién se podría oponer a estos preceptos tan políticamente correctos? Todo el espectro ya no político, sino ideológico apoyó la idea. Hasta la vieja oligarquía rural, que según la izquierda está representada en las gremiales rurales más antiguas, dieron su voto de apoyo. Más aún, estas mismas gremiales pidieron que no hubiera excepciones. Poco faltó para que fuera declarado feriado nacional y fecha patria el día de la promulgación de la ley.

Pero... De pronto se enteraron en el gobierno que Montes del Plata incluye entre sus inversores a Estados extranjeros. Al menos es la empresa que tuvo a bien presentarse en el senado, entendemos que podría haber otros casos. Más rápido que ligero se procedió a modificar la ley previendo las excepciones del caso previa venia de la Asamblea General. El senador Agazzi fue el primero en justificar la enmienda: "La disposición  era muy tajante. En general, todas estas leyes que crean nuevos marcos siempre tienen alguna excepcionalidad o cláusula gatillo. El asunto es que hay que cuidar que esa excepcionalidad dé garantías al sistema democrático". La excepcionalidad a la que refiere el senador Agazzi no es otra que la realidad de las inversiones en el agro negocio moderno, a partir de empresas con escala y fuerte apoyo financiero. Es decir, el capitalismo llevado a la producción agropecuaria, del que han abjurado desde la izquierda como responsable de subyugar al productor familiar.

Permítanos el lector remontarnos en el tiempo. Año 2004 se produjo la liberación del primer evento transgénico en maíz para siembra en nuestros suelos. La izquierda, desde la oposición se rasgó las vestiduras ante tamaña audacia que subyugaba al país al poder de las multinacionales como proveedoras de tecnología a la vez de poner en riesgo la condición de país  natural. Así fue que el Ing. Agr. Martín Aguirrezabala, Ministro de Ganadería y Agricultura de la época, terminó siendo interpelado en medio del escándalo generado por el diputado Guarino y el senador Agazzi, ambos  actuando en conjunto. Diez años después el 90% del área de maíz es transgénica, con el necesario resguardo del 10% destinado al área refugio. Hoy el maíz cosechado excede las necesidades del país y tiene saldos exportables para beneficio de la producción animal intensiva, dónde opera como insumo, y de toda la economía en conjunto. Quiere decir que, ya por entonces, el agro negocio en su concepción empresarial y tecnológica más dinámica terminó venciendo los estúpidos prejuicios ideológicos de la izquierda troglodita.
Suponemos que debería haber un gran sentimiento de frustración en los Lorier, los Pardiña y los Agazzi, increíblemente todos profesionales universitarios del agro, que supieron entonar desde siempre a Victor Jara en sus estrofas “Esta tierra es de nosotros y no del que tenga más...” para luego terminar justificando lo último.

A esta altura uno no sabe si se trata de incompetencia conformista o simple inmoralidad ideológica.



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